Izquierda Unida de Puerto Real quiere tomar la palabra en
esta materia con la prudencia necesaria en temas tan delicados, pero también
con la firmeza que se exige para recuperar y preservar la confianza de la
ciudadanía en las instituciones que han sido elegidas para representarnos.
En cuanto se refiere a los hechos que deben ser juzgados,
nada podemos decir que vaya más allá de nuestra esperanza de que la justicia
sea diligente, no se demore y de que su acción tenga como resultado resarcir a
las víctimas y devolver la tranquilidad a las familias afectadas.
Consideramos igualmente que para generar tranquilidad en el
pueblo y evitar que la solvencia del gobierno municipal quede bajo sospecha, la actual Concejala de Hacienda debería
devolver su acta, sin que esta petición por nuestra parte altere su
presunción de inocencia, que confiamos en ver resuelta por la acción de la
justicia.
Sin embargo, no podemos considerar satisfactorias las
palabras y el posicionamiento hasta ahora mantenido por el alcalde de Puerto
Real que, a nuestro juicio, confunde su confianza y compasión personal con la
claridad, transparencia y rigor que prometió en las elecciones.
Sus palabras y actitudes, hasta ahora, no se diferencian de
las que hasta hace pocos días los miembros de Podemos denominaban como propias
de la casta.
No es de recibo que conociera los hechos que se van a juzgar
y aun así incluyera en su candidatura a una persona pendiente de un proceso
judicial con el riesgo de que, como está ocurriendo, como mínimo se generen
dudas, malestar y desconfianza en las instituciones.
No es de recibo que quienes han sido tan duros e implacables
juzgando públicamente a todos los partidos políticos, menospreciando la
trayectoria de la izquierda, estableciendo líneas rojas y exigiendo códigos
éticos, nos sorprendan ahora con declaraciones que demuestran que su propio
código ético tiene clausula suelo, tiempo de prescripción y fecha de
caducidad. No puede haber una vara para
medir a los demás y otra distinta y tolerante para justificar los errores
propios.
No es aceptable que la decisión a tomar sobre la actual
Concejala de Hacienda esté pendiente en exclusiva de la opinión del circulo de
Podemos. El Alcalde confunde a las instituciones con su partido y la validez de
las decisiones que puede tomar en cada caso. ¿Esto es nueva política? En
cualquier caso, el Alcalde tiene la obligación de emitir una posición clara.
Tendremos que recordarle que gobierna sumando los votos de
EQUO y, aun así, gobiernan en minoría, lo que nos lleva a preguntarnos cuál es
la posición de EQUO en esta materia.
Finalmente, esta
actitud y las palabras con las que Antonio Romero trata de justificar su
propia cadena de errores que nos han
traído hasta la situación actual, su falta de transparencia en todo el periodo en que dice conocer los
hechos, su imprudencia y error de juicio al incluir en la candidatura esta
fuente de conflicto, su falta de claridad en estos momentos y su incapacidad de
resolución, nos llevan a cuestionarnos
si es la persona más adecuada para estar a la altura de las responsabilidades
que conlleva la alcaldía del Ayuntamiento de Puerto Real.
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